Conselho de administração de Édgar Salazar rejeita a tomada violenta dos escritórios da APDHB

A Provedoria de Justiça instou os seus membros a resolver os problemas orgânicos no quadro dos seus estatutos internos.

La directiva de Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), a la cabeza de Édgar Salazar, rechazó este viernes que hubiese existido una toma violenta de sus oficinas y pidió reconducir las “posiciones” y “políticas sectarias”.

“Aclaramos que no existió violencia alguna contra las personas que se encontraban en ambientes de nuestras oficinas, a quienes les pedimos como representantes de la institución, a que desocupen de manera pacífica, así lo reflejan las imágenes que se encuentran en nuestro poder, con conclusión no hubo violencia alguna, y que además nuestros actos estuvieron acompañados de un Notario de Fe Pública”, se lee en parte del comunicado.

Las oficinas de la APDHB fueron tomadas este viernes por la directiva de Salazar, donde cerraron las puertas y las sellaron con tablones de madera, evitando así que puedan ingresar a las instalaciones del lugar, ubicado en la avenida 6 de agosto. Fueron desalojadas cuatro personas.

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Agentes de la fuerza del orden llegaron hasta las instalaciones para resguardar y evitar que existas desmanes.

De acuerdo con el comunicado, desde el 17 de diciembre de 2021, fecha en que se eligió un nuevo directorio y presidente de APDHB, la directiva vino demostrando con acciones la elección y posesión, personería jurídica, representación ante el Servicio de Impuestos Nacionales, Resolución Constitucional N° 178/2022, por lo que están dispuestos a “demostrar” ante cualquier instancia legal vigente su legalidad.

Pedido

La Defensoría del Pueblo, en un comunicado, exhortó a sus miembros a resolver los problemas orgánicos en el marco de sus estatutos internos, bajo mecanismos que no vulneren los derechos de las personas, mostrando una señal de que el diálogo es la mejor vía para resolver las diferencias.

“La Defensoría del Pueblo recuerda que las instituciones competentes del Estado, tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de todas las personas y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos, en el marco de la pluralidad, respeto y convivencia pacífica, reconocidas en la constitución”, señala el comunicado.

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